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La Procuraduría General de la Nación ha abierto una indagación previa para establecer las responsabilidades por el presunto bajo recaudo de impuestos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) durante los primeros cinco meses del año.
Las alarmas se encendieron tras un preocupante desplome en la recaudación que, según la Procuraduría, podría superar los $12 billones entre enero y mayo. Esta cifra representa una caída del 11% comparado con el mismo periodo del año anterior, y la peor desde la crisis financiera del 2010.
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Hay que recordar que, a principios de junio, Luis Carlos Reyes, antes de salir de la Dian para pasar al Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, celebró que el recaudo tributario en mayo fue de $30,26 billones. El resultado es un 17,8% mayor en términos nominales y 11% reales frente al mismo mes del año pasado.
Pero, todo no es color de rosa, pues al revisar el resultado acumulado entre enero y mayo de este año, se aprecia una caída de 4,4% en la recaudación: una contracción que supera el -2,9% de 2020, en época de pandemia. De hecho, es la caída más notable en los últimos 24 años.
La lupa de la Procuraduría se posa sobre la gestión de Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, conocido como “Mr. Taxes”, quien dejó el cargo en medio de fuertes críticas por el bajo recaudo. Al parecer, ni siquiera la pandemia del Covid-19 había generado un impacto tan negativo en las finanzas públicas.
“Se revisará lo informado por varios medios de comunicación que dieron a conocer que el recaudo tributario disminuyó un 10,3%, una cifra que se había registrado por última vez en 2010 durante el mismo periodo de tiempo y que en su momento fue consecuencia de una gran crisis financiera a nivel internacional”, se lee en el reporte del órgano de control.
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La investigación busca determinar si este desplome se debe a irregularidades en el manejo de la Dian o si, por el contrario, responde a factores externos como una desaceleración económica que afecta al país.
La Procuraduría ha solicitado la práctica de pruebas para determinar si las presuntas irregularidades constituyen una falta disciplinaria y si los responsables actuaron con dolo o amparados en alguna causal de exclusión de responsabilidad.
De confirmarse las sospechas, los responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias e incluso penales. “Como parte de su actuación, el Ente de control disciplinario solicitó la práctica de pruebas, la cual buscará determinar si la conducta está prevista en la ley como falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad”, alertó la Procuraduría.
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El caso ha generado gran revuelo en la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la eficiencia y transparencia de la Dian. Se espera que la investigación de la Procuraduría ayude a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de este multimillonario hueco fiscal.
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